Los países Centroamericanos tienen valores socialmente conservadores.

  • Honduras, El Salvador y Guatemala penalizan el aborto y matrimonio igualitario. 
  •  México aprueba interrupción del embarazo las primeras 12 semanas y reconoce el  matrimonio de personas del mismo sexo. 

Honduras y  El Salvador  son países centroamericanos figuran  entre  los  pocos  de América  Latina, donde se  prohíbe sin excepciones  la interrupción del  embarazo, es decir  donde el aborto es  un delito.  En Guatemala  es permitido en casos terapéuticos y México lo  despenalizó. 

Además, los tres países centroamericanos también han legislado para dar un rotundo no al  matrimonio homosexual a excepción de México que lo legalizó. 

La   región  centroamericana  es  una  de las  que  más  castiga  la   interrupción  del embarazo y  también  de las  que  cuenta  con una  de las  sociedades  más  conservadora  respecto al  aborto  y  al  matrimonio  homosexual  a  causa  del peso  de la   religión.

En Honduras   líderes  religiosos de   varias  denominaciones se  han  pronunciado  desde el púlpito  y los medios  de  comunicación   sobre  el  aborto y la  diversidad sexual  considerando que es inmoral   y pecaminoso.

El  pastor  de la  Iglesia Vida  Abundante,  Evelio  Reyes, conocido por  sus  discursos en  contra de la  diversidad  sexual,   porque considera que   atenta  contra  los principios  establecidos en las  Santas   Escrituras y cuestiona   que  se  están  creando leyes  dirigidas para favorecer  prácticas   que atentan  contra la  moral, la convivencia  y las  buenas   costumbres.

El líder  religioso en las  recién  pasadas  elecciones instó  a la  población hondureña   particularmente a  los  cristianos  a  no  votar  contra   la   fe
“ No  votemos  por aquellos   que  no aprecian  el matrimonio natural  entre un  hombre  y  una  mujer, por aquellos que   buscan   despenalizar  el aborto”.

Por su  parte el Sacerdote Católico y ex director ejecutivo de la Fundación Caritas Honduras,  German Cálix, reafirmó la posición de la iglesia Católica es de respeto a la vida, no hay  justificación para abortar, es un atentado contra la vida de un niño y un sicariato que los médicos  tienen que evitar, porqué ellos tienen un compromiso hipocrático de defender la vida y no  destruirla. 

Al referirse al matrimonio igualitario expresó, que el sagrado sacramento del matrimonio  corresponde a la unión de un hombre y una mujer como parte del plan de Dios, para la creación  de la vida, puntualizó el sacerdote.

Honduras  dice  un rotundo NO  al aborto  y matrimonio  igualitario.

En Honduras el aborto en todas sus formas es penalizado desde 1997 y han existido varias  iniciativas de algunos sectores sociales para legalizarlo las cuales no han tenido eco. 

El Congreso Nacional hondureño aprobó una reforma que evita una futura  iniciativa para permitir la interrupción de la vida, bajo el argumento que no puede ser considerado  como un derecho abortar y menos que se derive de la autonomía de la mujer, porque implicaría  desconocer la humanidad del no nacido. 

En relación a lo anterior el Congreso Nacional aprobó el ” Proyecto Escudo contra el Aborto en  Honduras”, con el que se blinda el artículo 67 de la Constitución de la República, que expresa que  “Al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que favorezca dentro de los límites establecidos por la ley”. Sin embargo el  marco  de la  celebración  del Día   Internacional  de la  mujer  la  presidenta  de  Honduras  Xiomara  Zelaya,   firmó  un   Acuerdo Ejecutivo para   autorizar  el  uso   y la  comercialización  de la  Píldora  Anticonceptiva  de  Emergencia  (PAE).

Asimismo, Honduras también reformó el artículo 112 de la Constitución hondureña donde se  reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica  de los cónyuges y ” se prohíbe el matrimonio o uniones de hecho entre personas del mismo sexo  celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países, no tendrán validez en Honduras”. 

El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) de Honduras lamentó se haya ratificado la reforma de  los artículos constitucionales 67 y 112 que prohíbe el aborto y el matrimonio igualitario, no  obstante de los argumentos médicos y sociales que la organización feminista “Somos Muchas” presento, aseveran que los parlamentarios lo aprobaron basándose en argumentos religiosos. 

El  Salvador reconoce  el  derecho a la  vida  desde  la  Concepción  y no   reconoce el matrimonio  homosexual.

El a borto está penalizado en El Salvador, de manera absoluta desde la reforma al Código Penal  en 1998. La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, castigando a las mujeres como  a los médicos que lo practican, las penas varían de los dos a los ocho años. 

También en Centroamérica está muy lejos de legalizar el aborto ya que  se reformó el artículo 1 de la Constitución que regula el derecho a la vida, el cual ahora reconoce  el derecho a la vida desde el instante de la concepción, que es cómo lo tiene establecido la  Convención Interamericana de los Derechos Humanos CIDH. 

La Asamblea Legislativa de El Salvador, rechazó la solicitud de varias organizaciones de reformar  el artículo 133 del Código Penal para autorizar el aborto en tres causales. Cuando la vida de la  mujer esté en riesgo cuando la vida del feto sea inviable y cuando el embarazo sea producto de  violación en mujeres menores de edad. 

Asimismo, El Salvador en el artículo 33 de su Constitución reconoce la unión entre “varón y  mujer”, se han presentado propuestas para eliminar la frase, las organizaciones feministas lamentan la oposición del mandatario Nayib Bukele, aduciendo que está tomando una posición  conservadora. 

Guatemala  endurece penas mujeres que aborten  y cierra  las puertas al matrimonio  igualitario.

Guatemala, por su parte pretende abanderar la lucha contra el aborto en la región centroamericana  tras ser declarada por una organización religiosa el 9 de marzo del año 2022 a Guatemala como  la ” Capital Iberoamericana Provida” , luego de la aprobación de la Ley para la Protección de la  Vida y la Familia” que reforma el Código Penal que endurece las penas del de cinco a diez años  de prisión y cierra la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la enseñanza  de la diversidad sexual y la igualdad de género en las escuelas. 

La designación de Guatemala como la Capital Iberoamericana Provida , busca proteger la vida  desde su concepción. 

Ante la aprobación de la citada ley amnistía Internacional se pronunció señalando que la ley no  protege las familias ni las vidas, fomentará el odio y la discriminación, poniendo en peligro la  vida y los derechos de innumerables personas. 

México aplica leyes  más liberales  y despenaliza aborto y  reconoce  matrimonio igualitario

México,  se sumó al grupo de países donde la interrupción del embarazo está  despenalizada con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que por unanimidad determinó que es  inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. 

El 26 de abril del 2007 se realizaron en esta nación reformas al Código Penal y adiciones a la  Ley de Salud reconociendo el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo en  las primeras 12 semanas, 

Asimismo, en el año 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, modificó el artículo 146  del Código Civil del Distrito Federal, estableciendo que el matrimonio será la unión libre entre  dos personas eliminando el precepto anterior que establecía que este era entre un hombre y una  mujer; reconociendo de esta manera el matrimonio igualitario. 

Toca ahora a Centroamérica enfrentar este momento decisivo para todas las naciones en un giro que marcará nuestras vidas por el resto de nuestros tiempos.

El Tribunal de Inmigración de Carolina del Norte con tasas de deportación muy altas se encuentra en Charlotte. Con jueces demócratas.

El 14 de diciembre de 2022 se publicó un artículo en La Noticia, un periódico hispano de Carolina del Norte, que destaca cómo los jueces de los tribunales de inmigración en Charlotte, NC, aprueban en sus tribunales un número inusualmente alto de órdenes de deportación de hispanos.

Decidimos investigar esto para comprender qué está pasando y por qué este tribunal de inmigración, en particular, tuvo una tasa de deportación muy alta. Este tribunal tiene 8 jueces de inmigración. Un juez en particular tiene la cuarta tasa más alta de órdenes de deportación en el país.

El juez George Riggs tuvo una tasa de deportación del 97.7%. Seguido por el juez Stuart Couch con un 94.3 %.Amy Lee con 93.7 %. Barry Pettinato al 92.7% y María M. López-Enríquez al 85.5%.

Los datos revelaron que la gran mayoría de los casos que terminaron en una orden de deportación estaban asociados con acusados que no tenían asesoría legal.

Uno pensaría que los jueces tratarían de garantizar o exigir que se haga algo para asegurar la representación legal de los acusados, ya sea con un abogado designado por el tribunal o un abogado contratado, pagado por el tribunal. Esperamos que se proporcione el debido proceso y una representación justa a estos acusados. Nuestros pensamientos sobre esto, dejando de lado los méritos de sus casos, es que hay una falta de misericordia y compasión por parte de los jueces. Estas órdenes de deportación ocurren a diario. Así que investigamos quién nombró a estos jueces.

Los jueces de inmigración son nombrados por el Fiscal General de los Estados Unidos. El Fiscal General es un nombramiento a nivel de gabinete elegido por el presidente de los Estados Unidos. Sirve a discreción del Presidente. El Fiscal General suele implementar políticas que el presidente apoya.

Los 5 jueces principales en este artículo fueron designados por fiscales generales demócratas. Estos fiscales generales también fueron designados por un presidente demócrata. Ese presidente fue Barack Obama. Estos jueces siguen deportando y separando familias. Recuerde que solo analizamos Charlotte, NC. Entonces preguntamos, ¿qué está sucediendo en otros tribunales de los EE. UU.?

Puede recordar que el presidente Obama fue uno de los presidentes de deportación más prolíficos de la historia. Deportó a unos 3 millones durante sus dos mandatos. Nos parece, por los datos, que estos jueces carecen de compasión y piedad hacia los inmigrantes y son los que separan a las familias. Todavía estamos viendo los efectos que estos jueces tienen en nuestras familias en una presidencia posterior a Obama.

También preguntamos: “¿Por qué esto no se cubre en los medios de comunicación en inglés”? ¿O los medios de televisión y radio españoles?

A continuación, se encuentran los jueces designados por los demócratas, con sus tasas de deportación, qué países se ven afectados y quién los designó.

George Riggs 97.7 %: designado por la Fiscal General Loretta Lynch (Demócrata)

El grupo más grande de solicitantes de asilo que comparecieron ante el juez Riggs provenía de Honduras. Las personas de este país constituían el 30,2% de su carga de casos. Otras nacionalidades en orden descendente de frecuencia que comparecieron ante el juez Riggs fueron: El Salvador (24,8%), Guatemala (20,3%), México (13,3%), Brasil (3,1%).

Stuart Couch 94.3 %: designado por el Fiscal General Eric Holder (Demócrata)

El grupo más grande de solicitantes de asilo que comparecieron ante el juez Couch provenía de Honduras. Las personas de este país constituían el 27,2% de su carga de casos. Otras nacionalidades en orden descendente de frecuencia que comparecieron ante el juez Couch fueron: El Salvador (26,1%), Guatemala (20,6%), México (16,7%), Rumania (1,2%).

Amy Lee 93.7 Nombrada por el Fiscal General Eric Holder (Demócrata)

El grupo más grande de solicitantes de asilo que comparecieron ante el juez Lee provenía de Honduras. Las personas de este país constituían el 24,9% de su número de casos. Otras nacionalidades en orden descendente de frecuencia que comparecieron ante el juez Lee fueron: El Salvador (24,2%), Guatemala (22,7%), México (17,5%), Brasil (3,3%).

Barry Pettinato. 92.7% – Designado por el Fiscal General Eric Holder (Demócrata)

El grupo más numeroso de solicitantes de asilo que comparecieron ante el juez Pettinato provenía de Honduras. Las personas de este país constituían el 33,3% de su carga de casos. Otras nacionalidades en orden descendente de frecuencia que comparecieron ante el juez Pettinato fueron: El Salvador (24,2 %), Guatemala (19,5 %), México (15,7 %), Costa de Marfil (Costa de Marfil) (1,2 %).

Maria M. Lopez-Enriquez 85.5%- Nombrada por el Fiscal General Eric Holder (Demócrata)

El grupo más grande de solicitantes de asilo que comparecieron ante el juez López-Enríquez provenía de El Salvador. Las personas de este país constituían el 30,0% de su número de casos. Otras nacionalidades en orden descendente de frecuencia que comparecieron ante el juez López-Enríquez fueron: Honduras (27,3%), Guatemala (20,0%), México (10,0%), Haití (2,7%). Consulte la figura 4.

Jeffery R. Nance 85.2% – Designado por el Fiscal General  Jeff Session (Republicano)

El grupo más grande de solicitantes de asilo que comparecieron ante el juez Nance provenía de Honduras. Las personas de este país constituían el 37,9% de su carga de casos. Otras nacionalidades en orden descendente de frecuencia que comparecieron ante el juez Nance fueron: México (21,1%), Guatemala (15,2%), El Salvador (13,7%), Rusia (3,1%). Consulte la figura 4.

Theresa Holmes-Simmons 83.4 %: designada por la Fiscal General Janet Reno (Demócrata)

El grupo más grande de solicitantes de asilo que comparecieron ante el juez Holmes-Simmons provenía de Honduras. Las personas de este país constituían el 37,7% de su número de casos. Otras nacionalidades en orden descendente de frecuencia que comparecieron ante el juez Holmes-Simmons fueron: El Salvador (30,8%), Guatemala (14,5%), México (8,1%), Brasil (1,4%). Consulte la figura 4.

Rodger C. Harris 81.5%- Designado por el Fiscal General Alberto González (Republicano)

El grupo más grande de solicitantes de asilo que comparecieron ante el juez Harris provino de El Salvador. Las personas de este país constituían el 31,6% de su carga de casos. Otras nacionalidades en orden descendente de frecuencia que comparecieron ante el juez Harris fueron: Honduras (31,5%), Guatemala (15,7%), México (10,5%), Venezuela (2,5%).

Estos datos son proporcionados por TRAC Immigration con el apoyo de la Universidad de Syracuse en el estado de Nueva York. Sacamos los datos del siguiente enlace.

https://trac.syr.edu/immigration/reports/judgereports/

Nos preguntamos, si estos fueran todos los jueces Republicanos designados por un presidente Republicano, ¿los medios de comunicación las altas tasas de deportaciones? Creemos que es una pregunta justa. ¿No es así? El partido actual en el poder (Demócrata) hace declaraciones de que son “pro-inmigrantes”, “pro-inmigración” y “apoyan mantener a las familias unidas”. ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué el actual presidente no dice nada? ¿Por qué callan los medios?

Tal vez quieren que los hispanos piensen que se preocupan por nosotros, cuando en realidad no es así. Dicen una cosa y hacen lo contrario. Suena hipócrita. Solo estamos compartiendo información, tú decides.

Somos una organización no partidista.